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INTERVENCIÓN DEL LIC. ARTURO CHÁVEZ CHÁVEZ, PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA,

Jueves, 18 de Noviembre de 2010 > Boletín 1311/10a


EN LA XXIX SESIN DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD PBLICA


México, D.F., a 18 de noviembre de 2010.




Con su venia, señor Presidente.

Señora y señores gobernadores;

Colegas procuradores y fiscales de todo el país:

En mi calidad de Presidente de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, y para los efectos a que se refiere el párrafo último del artículo 11 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, presento a ustedes los principales avances registrados en los trabajos de este órgano colegiado entre los meses de junio y noviembre del presente año.






La Conferencia Nacional de Procuración de Justicia es la instancia del Sistema Nacional de Seguridad Pública encargada de formular políticas generales; de ejecutar, dar seguimiento y evaluar las acciones en la materia, así como de promover la coordinación entre las instituciones de investigación y persecución de delitos.

Durante el semestre que se informa, se llevaron a cabo 28 reuniones, compuestas por: una Asamblea Plenaria; un encuentro nacional con los presidentes de tribunales Superiores de Justicia; una sesión del Consejo de Coordinación; 5 de las conferencias de zona; 4 de los comités técnicos especializados, y 16 de los grupos Nacionales y Regionales de Especialistas sobre servicios periciales y ciencias forenses; combate al secuestro y trata de personas; arraigo; narcomenudeo; justicia para adolescentes, y profesionalización e intercambio de información.




En conjunto, se generaron 145 acuerdos encaminados a dar cumplimiento a las resoluciones de la Vigésimo Tercera Asamblea Plenaria de la Conferencia, a atender los compromisos derivados del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, a impulsar acciones para la instrumentación del nuevo sistema de justicia penal, y al cumplimiento de las disposiciones que la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública establece para esta Conferencia.

Al respecto, destaco los avances relevantes en los siguientes rubros:

I. Secuestro

La Estrategia Nacional e Integral contra el Delito de Secuestro se sustenta en la creación de unidades especializadas dotadas de apoyo informático y tecnológico adecuado; en el establecimiento de un marco normativo uniforme, así como en la adopción de medidas para prevenir la operación de secuestros desde los centros penitenciarios, y en la reclusión de secuestradores en penales de alta seguridad.

En lo que compete a la Conferencia, los avances del período en esta materia son los siguientes:

1) Las Unidades Especializadas en Combate al Secuestro han quedado integradas en todo el país. Sin embargo, no en todas las entidades operan de manera óptima y sólo 28 cuentan con instalaciones permanentes.

2) En este período se ha evaluado a 3,558 aspirantes a integrar estas unidades (1,348 agentes ministeriales y periciales, y 2,210 policías), de los cuales 1,137 que representan el 32 por ciento resultaron aptos. Igualmente, se capacitó a 960 servidores públicos (189 agentes ministeriales, 54 peritos, 711 policías y 6 coordinadores), lo que representa casi el 85% del personal que se integró a las unidades.

3) Veintisiete unidades cuentan ya con acceso al Módulo de Secuestros de Plataforma México y están en proceso las correspondientes a los cinco estados restantes (Jalisco, Nayarit, Quintana Roo, Oaxaca y Tlaxcala).

4) Se elaboró un Protocolo para la Atención a Víctimas del Delito de Secuestro, que ya se aplica en los centros de atención de la Procuraduría General de la República, con la finalidad de proporcionar apoyo psicológico, asesoría jurídica y servicios médicos a quienes lamentablemente han vivido esta amarga experiencia. Dicho instrumento se pondrá a consideración de la Conferencia Nacional en su próxima Asamblea Plenaria, con el objeto de que, si lo consideran viable, se aplique en todos los centros de atención a víctimas de las procuradurías estatales.

II. Narcomenudeo

En el período que se informa los avances de la Conferencia son los siguientes:

1) La Comisión Interinstitucional en Procuración e Impartición de Justicia creada por la Conferencia generó el proyecto de Plan General de Acción para la instrumentación de las reformas en materia de narcomenudeo.


2) En cumplimiento de la jurisprudencia del Poder Judicial de la Federación que precisa que las entidades federativas ya tienen competencia plena para investigar, perseguir y sancionar el narcomenudeo el fuero común trabaja en sus respectivas modificaciones a la legislación secundaria. Nueve estados cuentan ya con disposiciones legales en la materia (Baja California, Campeche, Chihuahua, Guanajuato, Hidalgo, Puebla, Querétaro, Quintana Roo y Yucatán),* y quince más están transitando el proceso legislativo para aprobarlas (Aguascalientes, Coahuila, Colima, Distrito Federal, Durango, Estado de México, Jalisco, Morelos, Nayarit, Oaxaca, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco y Zacatecas).





III. Preservación del lugar de los hechos y cadena de custodia
La Conferencia se encuentra analizando un proyecto de convenio marco que homologue los criterios de regulación y puesta en marcha de la cadena de custodia en las instituciones ministeriales del país, con miras a ser aprobado en la Asamblea Plenaria de la Conferencia, que tendrá lugar la semana entrante.

IV. Trata de personas

Por las formas de comisión y por la gravedad del daño permanente que produce en las personas, el delito de trata de personas es uno de los que más lastiman la dignidad humana, pues toma ventaja de la vulnerabilidad de niños, adolescentes, mujeres y hombres, para someterlos a condiciones de explotación laboral y sexual.

Se elaboró un proyecto de reformas a la Ley Para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas que pretende darle el carácter de "general" a la norma y así lograr la homologación del tipo penal en las legislaciones estatales constituyendo un verdadero frente común ante este ilícito.
El Consejo Nacional de Seguridad Pública, junto con los procuradores y fiscales del país, son sin duda un factor muy importante para impulsar este esfuerzo en los órganos legislativos del fuero común.

Igualmente se presentó el Protocolo Integral de Atención a Víctimas de Trata de Personas, con el objeto de asegurar el debido cuidado psicológico y medico de las mismas para evitar su revictimización, facilitando al mismo tiempo la adecuada integración de la investigación para castigar a los responsables.

V. Arraigo

De manera unánime, la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia se pronuncia por contar con el arraigo como medida cautelar en la investigación ministerial del fuero común y, por ello, con la participación de un grupo de especialistas se diseñó un anteproyecto de reforma constitucional en la materia, que será presentado a los procuradores en la próxima Asamblea Plenaria, para su aprobación.



VI. Justicia adversarial y fortalecimiento del Ministerio Público

1) Con objeto de facilitar y homologar el tránsito hacia el sistema de justicia penal acusatorio y oral, la Conferencia elaboró una propuesta de protocolo general para la transición, como guía e insumo de planeación que apoye la debida implementación de la reforma penal, misma que recoge la experiencia compartida por las ocho entidades federativas que ya han adoptado el nuevo sistema.

2) Las instituciones de procuración de justicia del país trabajan en un proyecto que explique el papel y los alcances del Ministerio Público como institución constitucional, a la luz del cambio de nuestro sistema de justicia penal.

Informo, también, que la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia sostendrá su Vigésimo Cuarta Asamblea Plenaria y segunda de este año 2010 la próxima semana.

Finalmente, en nombre de la Conferencia ratifico la convicción de las señoras y señores procuradores y fiscales, en el sentido de que el restablecimiento del Estado de derecho debe preservarse como objetivo fundamental de la estrategia por la legalidad y la seguridad de los mexicanos.

La aplicación de la fuerza para contener y detener a los delincuentes es atribución monopólica del estado y ésta se ha ejercido con decisión y responsabilidad, teniendo claro que cualquier solución de fondo al problema que hoy nos aqueja, debe de ser una solución de ley.

La única manera de consolidar la legalidad y abatir la impunidad es procesar a quienes delinquen, con estricto apego a derecho.


No hay duda de que la capacidad de respuesta del Ministerio Público y de sus auxiliares directos como los servicios periciales y la policía debe ser contundente y oportuna. Debe basarse, también, en la corresponsabilidad y en la estrecha coordinación entre instituciones y órdenes de gobierno.

Una cadena como la que une a la seguridad pública y a la justicia es tan fuerte como el más débil de sus eslabones.

Estoy seguro de que ustedes, señora y señores consejeros, comparten esta visión y que, por ello, apoyarán por igual y decididamente a las instituciones de seguridad y de procuración de justicia, para que éstas cuenten con presupuestos y recursos adecuados y estructuras suficientes para el desempeño de su función vital en este esfuerzo de todos.

Muchas gracias.

Última modificación :
18/11/2010 11:59:23 por la Dirección de Comunicación Social
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